REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES

Tensiones entre ambiente, producción y federalismo

Cada 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Glaciares,
una fecha que busca poner en agenda la importancia de estas reservas
estratégicas de agua dulce frente al avance del cambio climático. En
Argentina, esta fecha coincide con un momento de fuerte discusión
política: mientras los glaciares retroceden y se acumulan evidencias
científicas sobre su deterioro, la Ley Nacional de Glaciares - una de las
normas ambientales más relevantes del país - vuelve a estar en el centro
del debate político. El Congreso discute su posible reforma, reabriendo
una de las tensiones ambientales más persistentes de los últimos años.
Proyectos de modificación, audiencias públicas y tensiones entre
desarrollo productivo, protección ambiental y federalismo reabren una
discusión sobre los glaciares en Argentina que atraviesa a la política
desde hace más de una década.

La ley nació en 2010 a partir de uno de los debates ambientales más
intensos de las últimas décadas, atravesado por conflictos entre la
expansión de la minería en la cordillera, la evidencia científica sobre el

retroceso de los glaciares y la necesidad de proteger reservas de agua
dulce. Quince años después, el interrogante vuelve a abrirse: ¿qué
significa hoy proteger los glaciares en Argentina?, y, sobre todo, ¿quién
decide cómo hacerlo?

Es evidente pero no tanto: los glaciares cumplen una función esencial. Son una de las principales reservas de agua dulce del planeta y regulan el suministro hídrico de regiones enteras. Argentina cuenta con más de 16 mil glaciares distribuidos a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, abasteciendo de agua a regiones enteras, sosteniendo ríos y actividades productivas a lo largo del año. La principal amenaza para su supervivencia a escala global es el cambio climático. A medida que aumenta la temperatura promedio del planeta, se acelera el derretimiento del hielo. Lo que antes se acumulaba durante
el invierno ya no se repone al mismo ritmo, y los glaciares comienzan a perder masa de forma sostenida año tras año.

Las consecuencias son muchas. Por un lado, disminuye la disponibilidad de agua dulce. Por otro lado, el retroceso de los glaciares contribuye al aumento del nivel del mar. Es un círculo vicioso:

cuanto más aumentan las temperaturas, más retroceden los glaciares; y cuanto menos hielo hay, más rápido se calienta el planeta.

La legislación vigente establece un esquema claro. La Ley de Glaciares
fija un piso de protección a nivel nacional: define qué se considera
glaciar y ambiente periglacial, prohíbe actividades que puedan
dañarlos y crea el Inventario Nacional de Glaciares, que funciona
como base científica para su identificación y monitoreo. En este marco,
las provincias, aunque son dueñas de los recursos naturales, no pueden
habilitar actividades que vulneren esos estándares mínimos. Por eso, la
protección de los glaciares no depende exclusivamente de decisiones
locales. Existe un marco nacional que regula y resguarda este recurso,
cuya importancia excede a una sola jurisdicción. Pero esta legislación
está en disputa.

Bajo el esquema actual, la protección se apoya en tres pilares: una ley
nacional que fija límites, un sistema científico que produce evidencia -
con el IANIGLA como actor central- y un marco constitucional que
establece presupuestos mínimos ambientales.

Entonces, ¿por qué se busca modificar la ley?

Desde los sectores que impulsan la reforma, el argumento central es
que la normativa actual limita el desarrollo de proyectos estratégicos
(especialmente mineros) en un contexto donde el país necesita generar
exportaciones y atraer inversiones.
La reforma tiende a desplazar ese equilibrio hacia una lógica más
fragmentada, donde las provincias ganan protagonismo incluso en
la definición de qué se protege y qué no.
Una de las claves está en la presión por ampliar el margen de acción
sobre territorios donde hoy existen restricciones. Gobernadores de
provincias con potencial minero vienen impulsando cambios que
permitan flexibilizar los criterios de protección, con el argumento de
facilitar inversiones y dinamizar economías regionales. La reforma
propone que las provincias tengan mayor capacidad para definir qué
glaciares deben ser protegidos (por ejemplo, evaluando si cumplen o no
una “función hídrica relevante”) y habilita un esquema en el que
actividades hoy prohibidas podrían autorizarse mediante evaluaciones
de impacto ambiental.

Permitir que cada provincia establezca sus propios criterios para habilitar actividades en zonas glaciares, o incluso redefinir qué se considera un glaciar dentro del inventario nacional, implicaría fragmentar una política pública que, por definición, busca proteger recursos estratégicos a escala nacional.

Las consecuencias podrían ser significativas. No solo desde el punto de vista ambiental, sino también institucional. Debilitar herramientas científicas y normativas construidas durante años - como el Inventario Nacional de Glaciares o el rol de los organismos técnicos - puede afectar la capacidad del Estado para planificar y gestionar de manera sostenible sus recursos naturales.

En este contexto, el proceso de discusión también se vuelve parte del
conflicto. De cara a su tratamiento en la Cámara de Diputados, se
convocaron audiencias públicas para debatir la posible reforma de la Ley
de Glaciares. La instancia llega con una convocatoria inédita: más de
100.000 personas se inscribieron para participar del debate, en su
mayoría en defensa de los glaciares, del agua y del esquema de
protección vigente. Sin embargo, solo una parte podrá exponer
efectivamente durante las jornadas.

La experiencia de la Ley de Glaciares muestra que las políticas
ambientales duraderas suelen surgir de procesos de discusión amplios, sostenidos en evidencia científica y con participación de múltiples actores.

Revisar una ley siempre es posible. Pero hacerlo exige al menos el
mismo nivel de debate que permitió construirla. Más aún cuando lo que
está en juego no es solo una norma, sino la forma en que se define la
política ambiental en la Argentina: será a través de estándares comunes
que resguarden recursos estratégicos a largo plazo o, en cambio,
mediante una lógica fragmentada, sujeta a prioridades coyunturales.
En el fondo, el debate también reabre una discusión estructural del
federalismo argentino: hasta dónde llegan las competencias de las
provincias sobre sus recursos naturales cuando están en juego
bienes estratégicos de alcance nacional. En un escenario de retroceso
sostenido de los glaciares y crisis climática creciente, esa decisión deja
de ser exclusivamente técnica. Inevitablemente, también es POLÍTICA.